Tribunal acogió querella de la UDI por Caso Convenios y la derivó a Antofagasta

El juez Ponciano Sallés, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, acogió a trámite la querella presentada por diputados de la UDI por el Caso Convenios.

No obstante, el magistrado indicó que la causa debía seguir siendo tramitada en la Región de Antofagasta, por considerar que “el principio de ejecución del delito está radicado” allá.

Al resolver la admisibilidad de la querella, el magistrado Sallés planteó que, a pesar que la Fundación Democracia Viva se encuentra legalmente en la comuna de Ñuñoa, “los delitos que se atribuyen en la presentación dicen relación que hechos acontecidos respecto de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de la Región de Antofagasta, estimando este juez que el principio de ejecución de los hechos constitutivos de delito se encuentra radicado en Antofagasta, lugar desde el cual se dispusieron los fondos presuntamente malversados”.

En consecuencia, el juez se declaró “incompetente para conocer de los hechos de la querella, debiendo remitirse al Juzgado de Garantía de Antofagasta por corresponderle le competencia territorial”. Aunque, advierte que “si dicho tribunal rechazara la competencia, deberá devolver los antecedentes para la dictación de la respectiva contienda de competencia”.

Esta nueva acción penal se suma a la presentada por el Partido Republicano este martes en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Al igual que la querella de la UDI, el magistrado se declaró incompetente para tramitar el libelo, y envió los antecedentes a Antofagasta.

Ambas causas se dan en el contexto de la investigación que encabezan el fiscal regional (s), Cristián Aliaga, y el persecutor jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, por las transferencias de recursos a la fundación Democracia Viva -cuyo representante es Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez (RD)-, mediante tres convenios suscritos por el ex seremi de Vivienda de la región, Carlos Contreras (RD). Las transferencias sumaron $426 millones, y su uso y rendición aún no están claros.

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