Cordero tras fallo del TC por indultos: “El Gobierno da por cerrado el capítulo”

Asegurando que el Gobierno da el “capítulo por cerrado”, el ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de rechazar el requerimiento presentado contra siete de los 12 indultos entregados por el Presidente Gabriel Boric.

El recurso buscaba dejar sin efecto el beneficio entregado al exfrentista Jorge Mateluna y a seis condenados por delitos cometidos en contexto del estallido social: Bastián Campos, Claudio Romero, Felipe Santana, Luis Castillo, Jordano Santander y Brandon Rojas.

Cordero recalcó que los beneficiados tendrán que someterse a un régimen de cumplimiento y remisión condicional de la pena: “Es decir, están sujetas a la vigilancia en los centros de reinserción social de Gendarmería, y que cualquier incumplimiento en las condiciones que han sido otorgadas implicará que vuelvan a cumplir sus condenas a un establecimiento penitenciario”.

Ante las críticas de la oposición, donde acusaron que el fallo “termina legitimando la impunidad”, el ministro respondió que “en un sistema democrático, uno en general acepta en el triunfo y la derrota la legitimidad de las instituciones democráticas, que garantizan el funcionamiento de un sistema judicial, y eso sucede cuando uno se somete a un tercero imparcial. A mí me parece que, para ese tipo de declaraciones, uno solo tiene que responder con las fortalezas institucionales”.

“La facultad de indulto es constitucional. Existe un procedimiento, y de lo que ha sucedido hay múltiples lecciones. Solo quiero decir que, para indultos futuros, que son de cualquier circunstancias, se tramitarán como históricamente se han tramitado en este ministerio”, añadió.

Además, dijo que “no es extraño” que haya habido fallo dividido en el TC. “En el TC chileno la mayoría de los fallos tienen disidencias, estadísticamente hablando. Los fallos unánimes son bastante escasos”, indicó.

Cabe señalar que para Mateluna, Castillo y Santander, la solicitud fue desestimada por cinco votos en contra y tres a favor. Mientras que para Campos, Romero, Santana y Rojas, la votación fue de seis votos en contra y dos a favor.

Posteriormente, el secretario de Estado subrayó que “la ciudadanía tiene que estar tranquila por dos motivos. Uno, el TC ha ratificado que el ejercicio y la potestad constitucional se ha hecho, ajustada a la Constitución y a la ley”.

“Y lo segundo, que es responsabilidad del Estado, dado el tipo de indulto que se dio, mantener la vigilancia, el cumplimiento de las condiciones a través de los centros de reinserción social de Gendarmería respecto de aquellas personas que fueron indultadas, y de cualquier persona que además obtiene otro beneficio, que es la libertad condicional”, sostuvo.

Sobre un nuevo indulto en tramitación, la autoridad explicó que “en los próximos días y semanas llegará a mi escritorio” y aclaró que “no podemos impedir que las personas realicen una presentación solicitando un indulto. Porque es una labor que, de conformidad a la ley, está radicada acá (Ministerio de Justicia). Pero respecto de estos hechos, el Ejecutivo da por cerrado el capítulo”.

Respecto a la polémica que se generó en torno al tema, el titular de Justicia y DDHH indicó que “la manera en que se realizaron las impugnaciones, obligaba a defender la forma y modo en que se ha ejercido la potestad de indulto históricamente. También he dicho que no voy a hacer arqueología de los indultos previos otorgados y la forma en que se ejercieron por exministros o ministras de Justicia”.

“Si hay un antecedente clave a considerar. Ningún Gobierno, desde el retorno a la democracia, ha ejercido la potestad de indulto sin conflictos público”, complementó, recordando que “durante la administración del (ex)presidente Lagos, su ministro de Justicia, don Luis Bates, fue objeto de una acusación constitucional en un caso que fue público, complejo, e injusto creo yo en el caso de Luis”.

“Si hay una de las enseñanzas que deja este proceso -y a ratos olvidamos la memoria institucional- y los proceso anteriores desde el retorno a la democracia, es que sostener la potestad de indulto en una persona, como decisión unipersonal, es una tensión del sistema institucional muy grande”, recalcó.

En esa línea, aludió a que “bajo la Constitución de 1833, el Presidente de la República solo podía indultar bajo previo acuerdo del Consejo de Estado, que era una institución administrativa”.

Por ello, el abogado remarcó que el objetivo es que las experiencias “nos obliguen a pensar de un modo distinto el ejercicio de esta potestad, esencialmente por la presión que cae sobre una persona. No solo el Presidente, en mi caso, la mayoría de la facultad está en manos del ministro o ministra de Justicia, esos actos administrativos los que tengo que emitir yo”.

“Coincide este proceso mirarlo hacia adelante con el debate constituyente, es bueno hacer la reflexión”, adelantó.

Consultado sobre si el fallo del TC marca el cierre del tema para La Moneda, Cordero respondió: “Para el Gobierno se cierra. Y bueno, en adelante, espero seguir con muchísima atención la otra cantidad de temas relevantes que están a cargo de este nuevo ministerio”.

Ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, el ministro afirmó que “es un hecho de la causa, como toda comisión investigadora requerirá de antecedentes. El Ejecutivo está obligado a proporcionárselos, forma parte del sistema institucional razonable”.

Finalmente, consultado sobre la salida de Marcela Ríos -su antecesora en el ministerio- y de Matías Meza-Lopehandía -exjefe de gabinete- ocurridas a consecuencia de la polémica por los indultos, Cordero dijo que “es una respuesta que no me corresponde dar, porque aterricé el 11 de enero acá”.

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