Grupo de Puebla cuestiona dilación del caso SQM y entrega apoyo a Enríquez-Ominami

El Grupo de Puebla se pronunció acerca de la duración que ha tenido la investigación por el caso SQM, en relación a la acusación del excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.

La declaración firmada por 40 líderes de la agrupación, entre ellos el mandatario de Argentina, Alberto Fernández, señala que “acusar y no haber permitido el juicio por 8 años, es una inadmisible forma de perseguir un liderazgo”.

Este lunes se dio inicio al juicio, en donde el excandidato presidencial es acusado por delitos tributarios.

“Viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera. Marco ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones”, se detalló en la carta.

Además, indicaron que los “fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio. Incluso, a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo, después de 8 años de investigación, volvieron los fiscales a pedir suspensión, argumentando que este mes de febrero era época de vacaciones en Chile”.

Esta afirmación, hace referencia a lo ocurrido el pasado 1 de febrero, cuando se postergó la audiencia debido a la ausencia del auto de apertura, que debía ser presentado por el juez de garantía que se encontraba de vacaciones.

“Una justicia dilatada es una justicia denegada. La dilación del juicio vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista por el daño reputacional causado. Otro caso de lawfare como los adelantados en América latina para perseguir dirigentes progresistas, estigmatizarlos, señalarlos y después declararlos inocentes cuando el daño moral ha sido causado”, sentenciaron.

Los líderes creen que “finalmente se impondrá la verdad y la justicia. Que Marco derrotará esta acusación como lo ha hecho en otros 12 intentos de conservadores de acusarlo de diferentes delitos”.

La causa mantuvo a 180 personas siendo investigadas por la fiscalía. Sin embargo, la mayoría han sido sobreseídas o el Ministerio Público ha decidido no perseverar o suspender bajo condiciones los procedimientos.

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