Caso Caval: Audiencia contra Dávalos, Compagnon y Valero volvió a ser postergada

El Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua reagendó el inicio del juicio oral en contra de Sebastián Dávalos, Natalia Compagnon y Mauricio Valero por la arista estafa del denominado caso Caval.

Si bien el inicio de los alegatos estaba fijado para este miércoles, el tribunal accedió a reprogramar el litigio debido a que no se ha revisado un recurso interpuesto por Compagnon ante la Corte de Apelaciones de Rancagua.

De esta manera, el juicio fue postergado una vez más y quedó calendarizado para las 9:00 horas del 29 de mayo de 2023.

El hijo de Michelle Bachelet, su cónyuge y Valero están siendo formalizados por los delitos de estafa e infracción a la Ley de Propiedad Intelectual.

El caso surgió por ocho documentos que la empresa Caval entregó como asesorías bajo costo al empresario Gonzalo Vial Concha. De acuerdo a la investigación, los textos habían sido plagiados y correspondían a informes hechos por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y su Dirección de Estudios y Políticas Públicas, estando incluso disponibles en el sitio web del Congreso Nacional.

En su querella, el dueño de la empresa Graneles de Chile manifestó un perjuicio económico de más de 1.300 millones de pesos por dichas asesorías, ocurridas entre 2012 y 2013.

Sin embargo, Vial Concha llegó a un acuerdo y desistió de su acción judicial, por lo que solo se mantiene como querellante particular el Consejo de Defensa del Estado, sumándose al Ministerio Público.

“La empresa Graneles del Sur se desistió de todas sus acciones en contra del señor Dávalos y de la señora Compagnon. Dicho interviniente ya no forma parte de la causa. Y consecuencialmente, frente al retiro de la víctima, el Ministerio Público estima que el juicio podrá durar menos tiempo del que originalmente estaba planeado”, declaró el fiscal Francisco Caballero.

El Ministerio Público pide cuatro años de presidio de menor en su grado máximo contra Dávalos y Compagnon, además de la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena. A ello se le suma una multa de 25 UTM y el pago de los costos de la causa.

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